“LAS BAMBAS” EN LOS CONFLICTOS SOCIALES.

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El fatídico enfrentamiento en el proyecto minero Las Bambas que le costó la vida a un comunero apurimeño, y dejó 35 heridos de gravedad, entre ellos 20 policías. Nos lleva a reflexionar y preguntarnos, si la tragedia de Cajamarca con el fallido proyecto minero Conga en el gobierno de Humala, se volverá a repetir en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con Las Bambas.

El tema es muy complejo, porque los conflictos sociales surgen -la mayoría de veces- por reivindicaciones legítimas, en otras no, pero siempre tienen como sustento las demandas insatisfechas de la población. Lo que no debe pasar por alto, es la histórica ineptitud estatal para solucionarlos.

Las relaciones entre el Estado y las empresas mineras, han sido por demás maliciosas en contra de la población. Mucho contubernio entre ellos y poca capacidad para escuchar a las comunidades, han generado que los conflictos sociales se generalicen, poniendo en peligro la gobernabilidad democrática del país. “Las Bambas” de los gobiernos de turno y las mineras en contra de los comuneros, ha sido el común denominador de las últimas décadas.

El Estado ha sido demasiado permisible en los últimos años con las empresas mineras que hacen la explotación sin respetar estándares internacionales y con escasa responsabilidad social. Los gobiernos de turno no escuchan a la ciudadanía. La Policía Nacional del Perú (PNP), que debería preservar el orden con equidad y justicia, se pone arbitrariamente y en forma parcializada, muchas veces del lado de las mineras. Se les permite que hagan cada vez más convenios privados, y peor aún, convenios secretos entre la PNP y las mineras. Con esto deducimos, el pésimo manejo policial en la solución de los conflictos sociales.

No puede haber paz social y gobernabilidad posible sin que el Estado brinde una oferta consistente y coherente de servicios básicos, calidad de vida, inclusión social real, orden y un discurso equilibrado que permita la convivencia social entre Estado, mineras y población en cada proyecto minero a ejecutarse. Asimismo, debe prevalecer un modelo más incluyente para evitar mayores conflictos sociales por demandas insatisfechas, como las que se dan en la actualidad.

La minería es importante y necesaria para que nuestra economía siga creciendo. Esta ha sido el motor del boom peruano que ha permitido la reducción de la pobreza en la última década y el surgimiento de una clase media, que hace 20 años no existía. Sin embargo, esto podría echarse por la borda y detener nuestro crecimiento, debido al ineficiente manejo estatal frente a los conflictos sociales en los últimos años, que ha frustrado grandes proyectos mineros como Conga, Tía María y en la actualidad ponen en peligro Las Bambas en Apurímac.

Está en manos del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, Rolando Luque, evitar que más proyectos mineros en marcha se frustren. Luque ha trabajado estos temas en la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, tiene una visión clara de los hechos y a la vez le permite poner en práctica una serie de medidas para calmar o detener las protestas sociales, que no son pocas. Según informe de la Defensoría del Pueblo, los PPKausas heredan del Gobierno anterior 208 conflictos sociales a nivel nacional, de los cuales en más de la mitad se produjeron acciones violentas.

La situación es complicada, porque año tras año se sigue incrementando los conflictos sociales y los gobiernos responden con soluciones “Bambas”. Generalmente se legitima la ilegalidad. La toma de carreteras es algo normal, sin castigo para los culpables y las muertes quedan sin sanción. La Ley no se respeta y prevalece la voluntad del más fuerte. En síntesis, el Estado languidece por una sumatoria de conflictos sociales irresueltos y termina siempre doblegado.

Está en manos del presidente PPK, ducho en finanzas e inversiones y con vasta experiencia en gestión pública, evitar más conflictos sociales y lograr que los proyectos mineros se concreten, no solo con beneficios para las mineras sino también para las poblaciones aledañas a los asentamientos mineros y, por ende, para el desarrollo del país que se reflejaría en el bienestar general de la población.

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