BASTA YA DE CANDIDATOS NO IDÓNEOS

0
140

El próximo año se desarrollará en todo el país una nueva jornada electoral en la cual se elegirá a cerca de 13,000 autoridades que dirigirán por casi un lustro el destino de todos los peruanos. Con la amplia experiencia democrática que tenemos –pues desde 1980 no ha dejado de haber comicios periódicos ni una sola vez– lo que podemos decir ahora es que la gente ya está harta de los oportunistas y de los candidatos cuyas metas son la satisfacción de sus apetitos personales y no la solución de los problemas de su comunidad.

Las elecciones significan una enorme responsabilidad para los ciudadanos, pues los obliga a elegir correctamente a las personas más adecuadas para que los represente y los gobierne. Pero la experiencia demuestra que se ha elegido muy mal; de lo contrario, no hablaríamos de 22 gobernadores regionales actualmente sentenciados, procesados o investigados por corrupción, por mentir en sus hojas de vida y hasta por integrar redes criminales.

Es cierto que el pueblo debe tener toda la libertad para escoger a las autoridades que estime más convenientes, pero no va a tener mejor acierto ni suerte si no escoge sobre la base de una normatividad que obligue a los líderes y a los partidos políticos a presentar mayores niveles de transparencia, de rectitud y responsabilidad ante la ciudadanía.

De eso se trata la reforma electoral que necesita el país: en resumidas cuentas, de una legislación que evite que candidatos no idóneos, e incluso con prontuario, se presenten a las elecciones y, por desgracia imprevista, hasta lleguen a ser elegidos. Es en ello en lo que se encuentra el Congreso de la República, así como el Poder Ejecutivo (que ha preparado su propio proyecto de ley) e instituciones como la ONPE y transparencia que aportan recomendaciones para el debate.

Entre los cambios necesarios que se debe hacer al sistema que nos rige, es destacable una iniciativa con respecto a que la simple inscripción de un ciudadano como candidato habilita el levantamiento de su secreto bancario, para que luego la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comparta lo que considera conveniente con el Jurado Nacional de Elecciones y se mantenga o elimine la candidatura. Además esa vigilancia se mantendrá hasta dos años después de haber dejado el cargo, si es que ese candidato fue elegido.

Esta es la mayor pretensión de transparencia que ha existido para un proceso electoral; y es necesaria, tratándose de aspirantes a los importantes cargos de la nación. Con esto, los ciudadanos podremos elegir mucho más allá que apoyados solamente en una propuesta electoral. De esta manera se recupera la confianza de la ciudadanía en sus líderes políticos y la fe en la democracia.

En ese mismo sentido, los partidos políticos tienen que estar obligados a brindar información que se considere sospechosa a la UIF para garantizar así la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales. Esto, con la finalidad de evitar casos como el supuesto aporte de US$ 3 millones al Partido Nacionalista (exactamente a las manos de Ollanta Humala y Nadine Heredia) por parte de la transnacional corruptora Odebrecht.

La reforma electoral está en manos del Congreso y tiene que concluir en una norma consensuada antes del próximo octubre, porque en 2018 serán las elecciones regionales y municipales, y las reglas de juego no pueden ser cambiadas en último momento como sucedió en las elecciones del año pasado que dejaron muchos temas para la polémica.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here